Que el concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado español el 27 de agosto de 1953 necesita ser revisado, modificado y actualizado es opinión que comparten por igual Estado e Iglesia, ciudadanos españoles católicos y no católicos.

Aunque los cardenales españoles hubieran podido añadir algún detalle de actualidad, lo cierto es que el episcopado español en su XIV Asamblea plenaria, de 1971, había expresado su opinión colectiva a la Santa Sede cuando fue requerido para ello y que públicamente ha manifestado su criterio en la importante declaración a la que vamos a referirnos en este estudio.

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